Estudios científicos de Source International evidencian grave contaminación por metales pesados y afectaciones a la salud,debido a décadas de actividad minera en Cerro de Pasco.
Ante riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no puede ser espectador
afirma el Relator Naciones Unidas, Dr. Marcos Orellana
El miércoles 12 de junio,se realizó el foro virtual denominado “El caso de Cerro de Pasco, Perú: entre violaciones a derechos humanos y la ausencia de justicia ambiental”, organizado por Source International, Centro Labor y Earth Rights International con el apoyo de la Red Muqui. En dicho foro, Source International presentó los resultados de los estudios ambientales y sanitarios que ha venido realizando en los últimos 10 años respecto a la actividad minera en Cerro de Pasco, y que demuestran la alarmante problemática ambiental que se vive en dicha ciudad.
Además de las exposiciones de Source International y de Centro Labor, el evento contó con la participación del Dr. Marcos Orellana, Relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como con el Dr. Walter Contreras,Jefe de la Unidad de Metales Pesados del MINSA, y con el abogado Julio Rupay, actual Alcalde Provincial de Cerro de Pasco.
En medio de la ciudad de Cerro de Pasco se ubica el tajo abierto de más 2.5 km de largo y 1.8 km de ancho, con una profundidad aproximada a los 800 metros. La empresa Glencore, de capital suizo adquirió en 2017 las acciones mayoritarias de la minera Volcan, que es propietaria de la unidad minera en Cerro de Pasco y uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata. Recientemente, la empresa argentina Integra Capital adquirió el total de participación del Grupo Glencore en Volcan, por lo que se convirtió en la nueva entidad controladora.
La problemática de salud por la actividad minera de Volcan en Cerro de Pasco no es un tema nuevo para Jaime Silva, parte del equipo técnico de Centro Labor, institución asociada a la Red Muqui, puesto que su abordaje data de hace más de 30 años. Recién, en el año 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que hay 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos.
En su intervención durante el foro, Jaime Silva recordó las acciones organizativas de la sociedad civil que han marcado la lucha por el derecho a la salud y a un ambiente sano. En 2015, familias del distrito de Simón Bolívar, donde fueron detectados niños con altos niveles de plomo en sangre, problemas de aprendizaje, entre otros males físicos, realizaron una marcha hacia la ciudad de Lima para pedir atención inmediata a la salud. Luego, en 2017, un grupo de padres se encadenó en la puerta del Minsa.
“A la fecha han fallecido(a consecuencia de la contaminación por metales pesados) Bladimir Palma,Esmeralda Martín y la adolescente Shirley Castañeda. Hay una lenta respuestapor parte del Estado. En Cerro de Pasco no hay establecimientos de saludimplementados para atender a las personas intoxicadas, ni especialistas en lamateria”, expresó.
De igual manera, Silva precisó que, hace más de dos años y medio, el Congreso instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el Exceso de Plomo, Arsénico, Mercurio, y demás Metales Tóxicos en la sangre, en las zonas mineras de Pasco y del Perú. En Cerro de Pasco siguen a la espera de los resultados de este grupo de trabajo.
Laura Grassi, científicade Source International, hizo un recuento de los hallazgos de su investigaciónen el agua, el suelo y en la salud de la población. Por ejemplo, encontraron excesiva concentración de plomo (536 %) y arsénico (340 %) en la cancha defútbol del centro poblado Quiulacocha. En tanto, en el pastizal de la relaverade Ocroyoc y Quiulacocha encontraron exceso de plomo (2600 %), de cadmio (1540%), y de arsénico (860 %).
“El suelo contaminado (con metales pesados) se transfiere al pasto, y los animales que pastorean en esa zona acumulan metales en sus tejidos, la carne de muchos de esos animales como alpaca, vaca, llama, carnero es consumida por la población”, explicó.
Los resultados de los estudios a la salud también son contundentes, continúo la especialista. En 2009 se hicieron análisis de sangre y orina en la población expuesta a la actividad minera, en 2016 – 2017 el muestreo de cabellos, en 2018 se realizaron análisis de las manifestaciones clínicas y en 2021 el estudio del coeficiente intelectual más el muestreo de cabello. Al grupo muestreado de la población del centro poblado Paragsha -el más expuesto- se le encontró mayor porcentaje de manifestación clínica asociada a contaminación por metales pesados: manchas enla piel, encías azules, conjuntivitis, alteraciones digestivas. Mientras que, los niños presentaron un rango de coeficiente intelectual inferior y muy bajo tras realizarles pruebas estandarizadas de lenguaje, memoria, matemáticos y lógicos.
“La conclusión es que la contaminación minera sigue a niveles altos impactando irreversiblemente lasalud de la población cerreña, violando múltiples derechos y condenando a enfermedades y pobreza. La población afectada sigue pidiendo acciones urgentes en el tema de prevención, cura y remediación ambiental.”, concluyó Laura Grassi.
Por su parte, el Relator especial de la ONU señaló que sustancias como el plomo, el arsénico y el mercurio, son conocidamente peligrosas; y que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no hay límite seguro de exposición al plomo, por lo que cualquier exposición a esta sustancia es peligrosa, “especialmente para los niños y las niñas; el plomo les roba de su infancia, de su niñez y de lasposibilidades que puedan tener en su vida futura”.
Asimismo, el Relator resaltó que ante el riesgo de exposición de sustancias peligrosas, el Estado no es un espectador, sino que tiene la obligación de actuar de manera efectiva para proporcionar protección y garantía a los derechos humanos; exponiendo de esta manera su postura.
Finalmente, Itzel Silva,de Earth Rights International, retomó en las conclusiones del evento el ejemplo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso dela Oroya que responsabiliza al Estado peruano por la violación de los derechos de ambiente sano, la salud y la vida de 80 pobladores que fueron expuestos a metales pesados por actividades minero-metalúrgicas.
El daño ambiental y el impacto irreversible a la salud por décadas de contaminación minera están a la vista, y su atención no puede esperar más; el Estado peruano tiene el deber ineludible y urgente de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos ,tomar todas las medidas necesarias y garantizar que la situación se tranforme.
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